La norma, que criminaliza la inmigración ilegal en ese estado fronterizo con México, rige luego del revés judicial que declaró la inconstitucionalidad de sus artículos más polémicos.
El debate de fondo persistirá, más allá de la decisión de la jueza Susan Bolton de declarar la inconstitucionalidad de algunos artículos, como el que obligaba a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y el que hacía ilegal que los trabajadores indocumentados solicitaran trabajo en lugares públicos.
El gobierno de Arizona anticipó que probablemente apelará el fallo, mientras el Gobierno Federal expresó su satisfacción por el dictamen, y México, Honduras y Guatemala consideraron que la decisión fue un primer paso positivo.
No obstante, la situación podría resolverse definitivamente con la intervención de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Entre los aspectos de la ley que fueron bloqueados por la jueza Bolton está el que requería a los policías solicitar la licencia de conducir, pasaporte u otro documento de identidad en caso de que hubiera razones para sospechar que una persona fuera un inmigrante ilegal.
Las restantes disposiciones de la ley, muchas de ellas de procedimiento o revisiones ligeras a la vigente ley de inmigración de Arizona, entraron en vigencia.
El fallo "es un bache en el camino; vamos a avanzar y estoy segura de que tras consultar con nuestros abogados, vamos a apelar", dobló la apuesta la gobernadora republicana Jan Brewer.
"Hemos sabido todo el tiempo que [la inmigración] es responsabilidad de las autoridades federales, y ellos no han hecho su trabajo como es debido, así que vamos a ayudarles", agregó.
La Casa Blanca presentó una demanda judicial ante los tribunales para impugnar la ley, y el presidente Barack Obama pronunció un discurso en favor de una reforma migratoria integral porque "no podemos echar a 11 millones de inmigrantes sin papeles".
Brewer firmó en abril la ley, que reavivó el debate nacional sobre la inmigración meses antes de las elecciones de noviembre. La norma motivó un boicot contra Arizona y llevó a numerosos inmigrantes ilegales a salir de ese estado.
El fallo judicial se produjo justo cuando la Policía realizaba preparativos de último minuto para comenzar a aplicar la ley. En tanto, activistas inmigrantes y defensores de los derechos civiles planearon grandes manifestaciones "de rebeldía civil" en contra de la ley y ganaron las calles para festejar la suspensión de los artículos más polémicos.
En Phoenix, el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, anunció que seguirá su combate a la inmigración ilegal sin considerar el fallo de la juez Bolton. "No esperamos. Nos limitamos a actuar", dijo Arpaio, conocido por su posición dura. "Si existe una nueva ley, la haremos cumplir".
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